Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado, al menos por ahora, que el ex alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha perdido el juicio. Concretamente el del denominado Caso Comercio.
Esto demuestra, por enésima vez, que la Justicia es más lenta que la redacción de un nuevo PGOU para Alicante, dado que a esa conclusión ya habían llegado hace tiempo hasta los Simpsons.
El fallo del tribunal impone al ex regidor socialista, por cometer un delito continuado de prevaricación, una pena de ocho años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, muy lejos, eso sí, de los 74 años y 3 meses que pronosticaba Tezanos.
Tras hacerse pública la sentencia, fuentes próximas al juguete roto número 326 de Ángel Franco señalan que habría explicado a sus círculos más íntimos que «no es que me inhabiliten para la función pública durante ese tiempo, es que yo voluntariamente me acojo a mi derecho de no gobernar». Experiencia en eso tiene, desde luego.
La resolución judicial también le impone una orden de alejamiento sobre Facebook «por su propio bien», motivo por el cual ya no queda ni rastro del condenado en las redes sociales, con la excepción de Linkedin.
Aquí, un fragmento de una de sus últimas parrafadas en Facebook. La víctima: el socialistísimo Francesc/Paco Sanguino:
También le recomiendan los magistrados que «de ahora en adelante se cuide bien de ser asesorado por nadie», habida cuenta de que dos de sus colaboradores, Pedro de Gea (asesor de Comercio) y Lalo Díez (jefe de Gabinete), también han resultado condenados por el mismo delito de prevaricación, en su caso como cooperadores necesarios.
Echávarri, que ha arrebatado a Sonia Castedo y a Luis Díaz Alperi el deshonor de convertirse en el primer ex alcalde de Alicante condenado por la vía penal (siendo abogado de profesión, para más inri), tiene pendiente otro juicio por prevaricación a raíz del despido de la cuñada de Luis Barcala, ejecutado después de que éste le denunciara, precisamente, por el fraccionamiento de contratos que los jueces han considerado probado.
Mientras llega el esperado juicio del Caso Cuñada, que podría sumarle otros 10 años de inhabilitación (actualización: le ha sumado 9 años más), la defensa de Echávarri ha anunciado que recurrirá el fallo del Caso Comercio «hasta la última instancia posible».
En el caso de que el resto de tribunales confirmasen la condena de la Audiencia Provincial, no se descarta una hipotética petición de indulto a su amigo Pedro Sánchez, siempre y cuando gane las elecciones del próximo 10N y haga antes la vista gorda con los sediciosos políticos catalanes presos.
Nota: Viscalacant se permite recordar, una vez más, tanto a sus lectores como a las «víctimas» de sus publicaciones humorísticas y satíricas que el contenido de las mismas es ficticio, aunque se inspire a veces en la realidad.
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