La democracia tiene defectos, pero sus virtudes los compensan. Ejemplo de ello es la determinación tomada por los ciudadanos de Alicante, que podrán multar con 210 euros a cada representante político que por acción u omisión espante a los directivos de Ikea.
Los alicantinos pretenden de este modo garantizar la llegada a la ciudad de la multinacional del mueble, tras años de dimes y diretes y de no avanzar ni con la derecha ni con la izquierda.
La medida punitiva incluye el uso de los siempre incordiantes fotógrafos de prensa, el recurso de airear las diferencias tripartitarias o el de menospreciar a los mindundis que envíe Ikea a negociar, tácticas que serán igualmente penalizadas.
La recaudación de estas sanciones impuestas a los gobernantes, de las que no se librarán ni aquellos que no tengan la dedicación exclusiva, se destinarán a comedores sociales y bancos de alimentos.
Las reacciones de los munícipes no se han hecho esperar.
El alcalde de Montecristo, Gabriel Echávarri, ha aceptado gustoso la iniciativa en tanto que parte del pueblo, si bien ha manifestado en sus cada vez más pequeños círculos íntimos que se quedará con la matrícula del ciudadano que ose multarle a él y «más vale que no tenga un familiar o amigo colocadito en el Ayuntamiento».
El portavoz popular, Luis Barcala, de ahora en adelante «El Cuñao», ha afirmado que el pueblo es soberano y, en un evidente plural mayestático, «me parece justo que multen a quienes les podamos robar inversiones privadas que mejorarían el empleo y la riqueza en la ciudad».
El vicealcalde y líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, cree que se trata de una iniciativa acertada y confía en que, pese a todas las trabas, los de Ikea no vuelen cual palomas.
El portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido, de Compromís, se ha felicitado por la propuesta ciudadana y ha sugerido, en valenciano aquí traducido para que lo entiendan nuestros posibles lectores de la Vega Baja, que Ikea sea multada si no obliga a su futura plantilla en Alicante a «parlar en valencià» (hablar en valenciano).
Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, ha hecho suya la iniciativa «porque Javier Nart y Albert Rivera se reunieron con los alicantinos y así lo decidieron».
La opinión de los no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, es una incógnita porque nadie ha ido a preguntarles sobre estas multas a quienes ahuyenten a los directivos de Ikea.
